El régimen de promoción de inversiones administrado por la Comisión de Aplicación de la Ley 16.906 (COMAP) se convirtió en la plataforma fiscal más potente para atraer capital a Uruguay. Desde la reforma de septiembre de 2020 —Decreto 268/020— y con los ajustes introducidos en 2024-2025, cualquier empresa que presente un proyecto de inversión puede obtener exoneraciones muy superiores a las de la década pasada, siempre que cumpla los objetivos medidos en la matriz de indicadores.
El beneficio emblemático sigue siendo la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Hoy, un proyecto que apenas alcance un punto en la matriz asegura un ahorro mínimo de 30 % del impuesto en cada ejercicio; quien logre la máxima calificación puede liberar hasta el 90 % del IRAE anual, con un plazo de aplicación que arranca en cuatro años y, según el tamaño de la inversión expresado en Unidades Indexadas, puede llegar a veinticinco. Esta ventana puede suspenderse durante dos ejercicios si la empresa necesita reorganizar ejecución o flujo de caja sin perder el saldo pendiente.
La devolución de IVA refuerza el atractivo: todos los materiales y servicios adquiridos en plaza para obra civil, así como los bienes muebles que integran la inversión elegible, generan un crédito fiscal reembolsable mediante certificados emitidos por la Dirección General Impositiva, que luego se usan para cancelar otros tributos nacionales. Para compañías intensivas en equipamiento, este mecanismo significa recuperar de inmediato hasta el 22 % del desembolso local.
Hay, además, un alivio sustancial en el Impuesto al Patrimonio. Las obras civiles gozarán de exoneración por ocho años si se localizan en Montevideo y por diez si están en el interior; los bienes muebles incluidos en la inversión aprobada quedan libres de este impuesto durante toda su vida útil. Cuando la inversión requiere importar maquinaria, la empresa puede traerla sin pagar aranceles ni IVA siempre que se trate de bienes no competitivos de la industria local, veredicto que emite el Ministerio de Economía.
El esquema se vuelve aún más generoso si el proyecto incorpora investigación y desarrollo, tecnologías limpias o se radica fuera de la capital, porque esos indicadores aportan puntaje extra —y con él un porcentaje mayor de exoneración— sin elevar el monto invertido. Para parques científico-tecnológicos o iniciativas que acrediten fuerte innovación, el decreto concede un “premio” adicional que incrementa en 15 % la franquicia de IRAE y extiende el plazo de uso.
Quienes planifican construcciones a gran escala se benefician de la última novedad reglamentaria: el Decreto 85/2025 prorrogó por un año el Régimen de Gran Dimensión Económica y mantuvo intactos los incentivos especiales para obras de más de 30 millones de UI (unos 4,5 millones de dólares), extensión que da oxígeno a nuevos desarrollos inmobiliarios y urbanizaciones privadas.
La contracara de este menú ventajoso es el compromiso de metas: cada año la empresa debe reportar a COMAP el avance de inversiones y el cumplimiento de indicadores. Si no alcanza lo prometido, se recalcula la franquicia y pueden reliquidarse tributos con recargos. Por eso la clave está en preparar un plan realista, con cronogramas y flujos de caja que se puedan sostener. Cuando el diseño es sólido, los beneficios fiscales se transforman en un apalancamiento inmediato del retorno y en un escudo efectivo frente a la carga impositiva corriente, lo que explica por qué más de 6 200 proyectos se acogieron al régimen entre 2020 y 2024.